México.- En la compra del equipo de espionaje “Pegasus” hubo conflicto de interés y “despierta suspicacias sobre si fue un negocio redondo que pudo haber involucrado a funcionarios de primer nivel”, afirmó el periodista Raúl Olmos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En entrevista para #AristeguiEnvivo recordó que el año pasado MCCI reveló que detrás de la compra del equipo Pegasus había una empresa fantasma y como socios aparecían presuntos prestanombres, que residían en zonas populares y no cumplían con el perfil de empresarios. Incluso uno de ellos confesó que nunca había tenido conocimiento del malware Pegasus y desconocía el monto que la PGR había pagado a la empresa que se supone él mismo había fundado.

“Se trataba a todas luces de una persona que había sido utilizada y seguía el enigma de quiénes habían sido los beneficiados de este contrato millonarios, que se había pagado con un sobrecosto notable, por que originalmente el gobierno federal había estimado que el costo sería de 20 millones de dólares y terminó pagando 32 millones“, señaló.

El periodista detalló que en seguimiento a este tema, MCCI rastreó las empresas que estaban vinculadas, entre ellas CITELAE del Centro, asentada en San Luis Potosí, la cual a mediados de 2012 registró la marca y el logotipo Balam Seguridad Privada.

En la investigación, detalló, se descubrió que Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes en la Procuraduría General de la República (PGR), cuando Jesús Murillo Karam se encontraba al frente de esta institución, tenía relación con las empresas que obtuvieron el contrato de Pegasus.

“Es un personaje que se incorporó a la PGR en el mismo año que se otorgó el contrato del malware Pegasus a una supuesta filiar del grupo Balam, es decir, se trataba de un funcionario que en algún momento estuvo ligado con la empresa o el grupo empresarial que obtuvo el contrato de Pegasus“, explicó.

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Y por otro lado funcionarios estadounidenses han rechazado las reiteradas solicitudes de la PGR para asistir en la investigación del uso del programa espía “Pegasus”.

Y es que oficiales estadounidenses de alto rango dudan que el gobierno de Peña Nieto realmente quiera resolverlo y temen que quiera encubrir una indagatoria simulada, según publica este martes The New York Times.

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