Letras Desnudas
Mario Caballero

Florencio Madariaga
Hace 17 años, una llamada de su superior lo sacó de sus casillas. Le llamó para decirle que el gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía le había telefoneado al entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para decirle que tenía una averiguación penal en su contra por el presunto desvío de pagos a los policías judiciales. Y, por lo tanto, tenía que renunciar porque en días posteriores sería consignado ante un juez.
Esa noticia le cayó a Florencio Madariaga Granados como un balde de agua fría. Y como se dice en términos boxísticos, se fue por piernas. Vació su oficina, tomó a su esposa y sus hijos, y huyó a España.
Cuando llegó a aquel país abrió una página de internet en la cual documentó su caso y se auto declaró perseguido político: “Queremos –dijo- que todo el mundo pueda conocer la persecución política y el acoso por parte del gobierno de Pablo Salazar, que está realizando desde que llegó al poder en el año 2000 hasta nuestros días. Quien escribe esta web se encuentra hoy exiliado fuera de su país por un supuesto delito inventado contra él”.
Cínico. Mentiroso. Ciertamente, Salazar Mendiguchía tuvo uno de los gobiernos más represores de la historia moderna de Chiapas. Encarceló y exilió injustamente a muchos líderes políticos y activistas sociales que estorban a sus intereses o por el solo hecho de criticar los abusos de poder. Pero Florencio Madariaga no fue uno de ellos, pues él sí tenía culpas que pagar por los daños que le hizo a los chiapanecos durante el mandato interino de Roberto Albores Guillén.
Pablo investigó a Madariaga, quien fungió como secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública y también como subprocurador Jurídico y Normativo de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, entre febrero de 1998 y diciembre de 2000. Y descubrió que en complicidad con un grupo de altos funcionarios, utilizó recursos públicos de manera indebida para el pago de sueldos extraordinarios a otros servidores públicos.
El dinero procedía del Fondo Estatal de Seguridad Pública y estaba destinado a programas de capacitación y equipamiento de la policía estatal. El monto que Madariaga Granados había desviado era de 900 millones de pesos. Por lo cual se inició el proceso administrativo 173/DPA/2001 y tuvo que enfrentar tres denuncias penales por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.

Sabines: el gran benefactor
En la nación española engañó a todo mundo. Se hizo pasar por pobre aunque vivía a cuerpo de rey, y como un estudioso de las leyes. Paradójicamente, se inscribió en el Programa de Doctorado sobre Aspectos Jurídicos y Económicos de la Corrupción, en la Universidad de Salamanca, y se volvió colaborador del famoso profesor Diego Poole Derqui a quien utilizó para su propia protección.
La Interpol lo buscó desde abril de 2002, y logró aprehenderlo el 20 de febrero de 2006 mientras tomaba un café en la Universidad de Vicálvaro en Madrid, donde cursaba estudios avanzados de Derecho. Un día antes de su detención había ido al Congreso de los Diputados del Reino de España para hacerse de un carnet de investigador.
Estuvo en prisión por más de tres años: 19 meses en España y el resto del tiempo en Chiapas. Pagó con cárcel por los delitos antes mencionados, pero no hay que olvidar que también fue el brazo ejecutor del exgobernador Roberto Albores Guillén. Madariaga reprimió a la clase política, a periodistas, a líderes campesinos y fue el principal impulsor del desmantelamiento de los municipios autónomos del EZLN. Fue un policía corrupto que supuestamente hizo desaparecer a varios opositores del régimen del momento.
Cuando Juan Sabines Guerrero llega al Gobierno de Chiapas liberó a Florencio Madariaga. Primero lo promovió como consejero de las universidades públicas del estado y, luego de hacerlo notario público, lo hizo presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Nada mal para el ex alborista que de polizonte represor pasó a defensor de los derechos humanos.
La administración de Sabines Guerrero se caracterizó por la cultura de los privilegios, donde amigos, compadres y familiares pasaron a ocupar cargos importantes sin tener mérito ni experiencia alguna. Gozaron de poder y riqueza. No importaba si eran drogadictos o alcohólicos, si tenían señalamientos de corrupción o habían sido sujetos a proceso penal, sólo bastaba con ser conocidos del gobernador para tener un puesto asegurado en la estructura del gobierno. Y el nombramiento de Madariaga Granados no fue la excepción.
Se dijo que el Congreso del Estado lo había elegido porque él era quien mejor perfil tenía de todos los candidatos que supuestamente propusieron los rectores de las universidades públicas de la entidad, pero no fue cierto. Subrepticiamente, Juan Sabines dio la orden y los diputados simplemente votaron a su favor.
Madariaga Granados fue designado presidente del CEDH en julio de 2012 de manera ilegal. Sus cómplices, los consejeros Marina Patricia Jiménez Ramírez y Lorenzo López Méndez, hicieron el nombramiento sin la presencia de los demás consejeros y del secretario ejecutivo, violando con ello los preceptos de la ley. Además, el artículo 26 del CEDH establece que los consejeros deben ser chiapanecos por nacimiento y deben contar con experiencia en materia de derechos humanos, y él no cumplía con ninguno de ellos, pues aparte de ser originario de la Ciudad de México sólo había sido funcionario de la Procuraduría.
Durante los meses siguientes, Florencio Madariaga hizo despidos injustificados, violó los derechos laborales de los trabajadores, removió al personal, acosó y en cierta ocasión trasladó de Tuxtla Gutiérrez a Motozintla a una empleada que tenía un embarazo de alto riesgo. Dicha mujer le suplicó que no la cambiara de centro de trabajo debido a su estado de salud, pero al ombudsman no le importó.
Mediante una carta al representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el entonces secretario ejecutivo Diego Cadenas Gordillo reveló que Madariaga le había exigido que despidiera a diversos defensores de los derechos humanos y al titular de la Contraloría Interna, bajo el argumento de no trabajaría con nadie que no fuera de su absoluta confianza.
El 17 de enero de 2013, se presentó una denuncia penal en su contra por violación a la Constitución del Estado de Chiapas. Al día siguiente, Cadenas Gordillo interpuso en el Congreso local la petición de juicio político en contra de Florencio Madariaga. Y el 25 de enero fue removido por tres consejeros como titular del CEDH, quedando en el cargo Lorenzo López Méndez.
Se cuenta que Madariaga abandonó su oficina desde febrero de ese mismo año, pero nunca dejó de cobrar su quincena. Nada más en siete meses logró embolsarse 800 mil pesos sin trabajar. Y, en noviembre de 2013, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez ordenó su restitución en el cargo.

¡Cuidado!
Fue muy lamentable que Sabines Guerrero lo devolviera al poder, y que como dice un personaje en la película La ley de Herodes: lo forrara de billetes. Por eso no es extraño que Florencio Madariaga lo defienda a capa y espada, pues por muchos años el exgobernador fue su benefactor.
Nadie puede ser inocente cuando lo pillan con las manos en la masa. Nadie puede creer que Madariaga haya sido un perseguido político cuando probadamente es un pillo de siete suelas que malversó 900 millones de pesos del erario público en complicidad con el gobierno de Albores Guillén. Y ¿cómo saber que el supuesto atentado a balazos mientras viajaba por carretera no fue otra de sus mentiras para obtener un momento de atención?
Lo cierto es que fue operador político del ex candidato al gobierno del estado Roberto Albores Gleason, y que desde el año pasado ha venido golpeando las instituciones y la gobernabilidad de Chiapas.
Hay rumores de que en contubernio con funcionarios menores de la Fiscalía General del Estado está haciendo negocios para apropiarse de bienes y perjudicar a varios empresarios en el estado. ¿Estará informado de esto el fiscal Raciel López Salazar, quien se ha manejado como un servidor público responsable en el ejercicio del poder y ha aplicado la justicia con equidad?
Ya veremos si el futuro gobierno tiene la voluntad para ponerle un alto o dejará que Florencio Madariaga siga delinquiendo con absoluta impunidad. ¡Chao!

@_MarioCaballero