Restablecer el estado de derecho a través de la fuerza pública es una facultad constitucional cuando la intransigencia de quienes violentan la ley y el orden.

La dirigencia estatal y la fracción parlamentaria del Partido Podemos Mover a Chiapas, coincidieron en respaldar las acciones ordenadas con firmeza por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para restablecer el orden y el estado de derecho que fue vulnerado por invasores de un predio en la periferia nor poniente de Tuxtla Gutiérrez.

El lider moral del Partido Morado Enoc Hernández Cruz, consideró en entrevista con diversos medios de comunicación que los sectores productivos y las distintas fuerzas políticas de la sociedad chiapaneca debemos cerrar filas para respaldar las acciones del gobierno del estado que buscan establecer orden, paz social, gobernabilidad y certidumbre jurídica.

Las invasiones de predios rurales o urbanos es una práctica común de falsos líderes que se aprovechan muchas veces de la necesidad de gente pobre que con tal de contar con un lote de terreno son utilizados como carne de cañón para la comisión de hechos delictuosos, aseveró.

Los delitos de despojo y daños en propiedad ajena, están tipificados en el código penal y con un gobernador que conoce a fondo el tema de leyes, proceder con el uso de la fuerza pública cuando se agota el diálogo, es una facultad constitucional que le corresponde.

Por su parte las diputadas Dulce Gallegos Mijangos y Ana Laura Romero Basurto, de la fracción parlamentaria del Partido Morado recordaron que este instituto político desde su origen se ha pronunciado a favor del orden, la gobernabilidad, la paz pública y el estado de derecho, por eso hoy expresamos un público reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadena, por actuar con firmeza y con determinación, para recuperar un predio urbano invadido en la zona nor poniente de la capital chiapaneca.

La dirigencia estatal de Podemos Mover a Chiapas, reconoció el esfuerzo de diálogo que desde el primer día de la administración ha realizado el secretarío de gobierno Ismael Brito Mazariegos, pero cuando la intransigencia rebasa los límites de la decencia política y la concertación de soluciones, lo que procede es usar la fuerza publica, sin que eso se traduzca en un acto de represion sino de restablecimiento del estado de derecho.

Finalmente es de reconocer la convicción del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, para actuar dentro del marco de la ley y con todos los protocolos establecidos para el pleno respeto a los derechos humanos, puntualiza el comunicado emitido este mismo viernes.