Un juez federal ordenó a las autoridades estatales garantizar todas las medidas de seguridad y protección, y dotar de vivienda, salud, educación y otros servicios de asistencia humanitaria a víctimas de desplazamiento forzado en la entidad, luego de varios meses de estar en el desamparo, dieron a conocer abogados del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

Diego Cadenas y Yazmin Pinto Ruiz, representantes de Ku’untik, refirieron que el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales emplazó al gobierno estatal para que provea de cobijo, alojamientos básicos y de asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado, a las víctimas de desplazamiento forzado.

Después de 16 meses de litigio bajo el expediente de amparo 833/2018, tres familias indígenas demandaron omisiones del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, por no atender de manera oportuna el desplazamiento forzado de 16 personas del Paraje Shulvó, Zinacantán.

Fue así como el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, amparó y protegió a los quejosos y ordenó al gobierno de Chiapas otorgar asistencia humanitaria satisfactoria consistente en cobijo, alojamiento básico y vestido adecuado.

Cadenas destacó que la relevancia de esta sentencia radica en que por primera vez un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado en Chiapas, fenómeno que ha afectado a miles de familias indígenas principalmente en las zonas de los Altos y la región selva de Chiapas, donde durante años las administraciones no han accionado los mecanismos idóneos para la prevención y la atención del desplazamiento forzado.

Ambos abogados refirieron que estas acciones son parte del litigio estratégico y acompañamiento en la defensa de derechos humanos que implementa Ku’untik a favor de las familias en situación de desplazamiento.


Un total de 16 personas pertenecientes a tres familias del paraje Shulvó, del municipio de Zinacantán, son las beneficiarias de este amparo, tras haber sido obligadas a dejar sus hogares en diciembre del 2015.

“De estos actos reclamados así también se demandó la facultad la omisión de ejercer la facultad para retornarlos a su comunidad de origen y para garantizar el uso y disfrute de su propiedad en este caso comunal”, dijeron los defensores de derechos humanos.

 

Con información Proceso