Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vive este jueves la que se prevé como una masiva jornada de protestas.

Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como "paro nacional" y se espera una asistencia masiva en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

El Gobierno tiene preparado un dispositivo policial y militar en todo el país para evitar que las movilizaciones acaben en disturbios.

Las medidas incluyen el cierre desde primera hora de este miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.

Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Este clima de tensión se avivó el martes cuando se presentaron allanamientos en varios colectivos de artistas y en un medio de comunicación alternativo.

Por si fuera poco, el paro nacional en Colombia se produce, además, en un momento de agitación social en otros países de la región, como Chile o Bolivia.

 
La convocatoria tuvo su origen en una confluencia entre los sindicatos y varios movimientos sociales para protestar contra un paquete de reformas del ámbito laboral y de pensiones.

No obstante, se han sumado otros colectivos así como más reivindicaciones que hacen que desde 1977 no se viviera en el país tanta tensión por un paro nacional.

Aquí analizamos las razones de esta protesta.

1. El "paquetazo"


Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un "paquetazo" de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.

Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.

El Gobierno ha negado la veracidad de muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.

Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

2. La educación


A las manifestaciones acudirán también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.

Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.

Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos "nunca antes vistos".

3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y exguerrilleros


Los manifestantes también reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, un departamento ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz y nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.

De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz


Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres.

Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.

 

En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.

Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran al mandatario de "permitir morir la paz" y de ser tildado por columnistas como "subpresidente".

Por otro lado, recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.

La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.

Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran "el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)".

Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los "falsos positivos".

 

Con información BBC